Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros, los obreros, los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades…¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero -le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante.

B. DURRUTI

viernes, abril 25, 2008

LOS COMUNISTAS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA



Los cuatro artículos que siguen, sobre la guerra civil española y el franquismo, fueron
escritos, por José luís García Rúa, para la colección de libros
del mismo tema editados por El Mundo.





ALGUNOS RASGOS DEL COMPORTAMIENTO COMUNISTA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA






En el bando republicano de esa contienda y dada la diferencia de fuerzas concurrentes en él, se dieron un frente de encuentro y otro de desencuentro. Por el primero, la unidad antifascista nunca fue cuestionada, salvo falsas acusaciones políticamente interesadas (PC frente a POUM). En el caso segundo, que contemplaba la relación guerra/revolución, el desencuentro no tuvo paliativos. Las líneas que siguen tratan de exponer, sinópticamente, la práctica contrarrevolucionaria del partido comunista en ese terreno.

Razones externas e internas de ese comportamiento.-Los condicionamientos del comportamiento del PCE en la guerra civil española fueron determinados, fundamentalmente, por su estricta dependencia del bonapartismo estalinista ruso, amén de por su muy escaso y casi nulo peso en las motivaciones de los grandes movimientos, métodos y búsqueda de fines del campo trabajador español de entonces.
Por lo primero, tuvo que asumir, corrigiendo líneas anteriores, el papel de ser uno de los promotores del Frente Popular del año 36. Es cosa sabida que la estrategia de acción política de Stalin era, entonces, doble respecto al ámbito europeo: una de sus caras no podía por menos de ser secreta, dada su esencia contradictoria no sólo con los principios básicos de la ideología comunista, sino incluso con la facies "democrática" que debían adoptar sus miembros dentro de los Frentes Populares occidentales, y consistió, ya desde 1935, en una búsqueda de acuerdo con Hitler respecto a lo que debían ser las comunes fronteras, orientales del uno y occidentales del otro, un acuerdo que acabó plasmándose en el pacto Molotov /von Ribbentrop, de 23 de agosto de 1939, por el que se procedía a un nuevo reparto de Polonia. La importancia que tuvo, para la guerra de España, tal negociación es que la "carta" española fue utilizada por Stalin como prenda propia en el proceso negociador con Hitler, lo que explica la insistencia mordicus comunista en prolongar la agonía del campo republicano, oponiéndose a Mera y a Casado cuando la causa de la República estaba ya definitivamente perdida.
En el otro plano, le era imprescindible a Stalin convertir a sus partidos de Occidente en miembros orgánicos normales de los sistemas democráticos occidentales y, por lo tanto, hacerles aparecer como defensores de su conservadora formalidad, en lo que se esforzaban en dar la impresión incluso de ultraístas defensores de la democracia formal, salvo en los casos en los que tal posición les perjudicaba..
Lo primero a lo que la dirección internacional debía subvenir era a una profunda alteración cuantitativa de la correlación de fuerzas en el campo antifascista, donde la presencia numérica del PCE era, en julio e 1936, minúscula, comparativamente con los activos sociales del socialismo, del anarquismo y del anarcosindicalismo. La solución a este problema se entrevió de dos maneras: la una, y para asegurar cierta solidez en su presencia militar, fue emprendida por la temprana decisión del Komintern (26 de julio de 1936) de proceder a la recluta de brigadistas internacionales, procedentes, en casi exclusividad, naturalmente, del campo comunista, a lo que, también muy tempranamente, se añadieron, como especialistas militares, consejeros soviéticos. Agrupaciones internacionalistas de signo comunista combatieron ya desde poco después de los primeros días, pero, oficialmente, las Brigadas sólo se crean el 29 de septiembre del 36, y, ya a primeros de noviembre, la XI brigada de internacionales desfila por las calles de Madrid.
El hecho de que el acuerdo de No-intervención de las potencias democráticas occidentales dejara a Rusia como principal y casi único proveedor de ayuda al campo republicano no podía dejar de ser un elemento de influencia popular que, debidamente capitalizado y orquestado por el Agi-Pro, estaba destinado a contribuir a ampliar el área de simpatías. Así, el primer desembarco de ayuda soviética en el puerto de Barcelona, el 13 de octubre de 1936, fue convertido en un acontecimiento estruendoso de manifestación popular...
La otra vía de ampliación del campo comunista, intentada en el seno de la sociedad civil, presentaba al PCE mayores dificultades, dado que el campo trabajador estaba, ya con anterioridad al movimiento de julio, prácticamente totalizado por la CNT y la UGT, y aun se había incrementado, de este lado, por las acciones revolucionarias de estos sindicatos en el área de la producción, lo que, por ejemplo, en el ámbito libertario había llevado la afiliación hasta los dos millones de adherentes. El crecimiento en este área hubo, en cambio, de intentarlo el PC desde la facies "democrática" y conservadora que había asumido en el Frente Popular. Para ello y como fase previa a su eliminación total del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), su antagonista ideológico en el campo del marxismo y de cierta orientación trotskista, hubo de realizar, con la connivencia de los nacionalistas catalanes, actos previos de socavamiento de las posiciones de aquél, removiéndolo de su presencia física en la Generalitat de Cataluña y de su primacía en la pequeña UGT, catalana que pasó a ser controlada desde entonces por el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), nombre con el que el PC funcionaba en Cataluña. Para esta operación, aparte de sus maniobras políticas con los nacionalistas de Estat Català, Esquerra Republicana, Acción Catalana y rabassaires, sugeridas, supervisadas y presididas por el embajador soviético Rosenbarg y continuadas más tarde por Gaikins, así como por comisarios y consejeros de la misma procedencia (Orlof, Petrov...), y, dado que su capacidad de maniobra en el campo puramente obrero era, proporcionalmente, casi nula, hubo de proceder a una afiliación masiva en el campo de la pequeña y media burguesías propietarias, lo que dio lugar a una fuerte protesta de los sindicatos tradicionalmente implantados, que denunciaban en ello una práctica amarillista (propietarios, o sus representantes, actuando desde sindicatos obreros). El PC crecía de esta manera y entendía poner a esas gentes a salvo del proceso de colectivización confederal de los anarcosindicalistas... El hecho fue que fue por esta vía, por la que un partido minúsculo y puramente testimonial antes del 36 llegó a cuantificar en su quinto congreso, en 1937, unos 250.000 afiliados, más de cuyas dos terceras partes representaban el status pequeño-medio -burgués.

Los hechos.- Para consolidar esa posición, le era necesario al PC mantener una actitud de contienda permanente contra la mayoritaria CNT en general, pero fundamentalmente contra el proceso revolucionario colectivizador de la misma. La cosa era dura, sobre todo, para un partido calificado de revolucionario, por lo que había que justificar tales acciones desde ese campo. Por eso, ya a mediados de diciembre de 1936, se orquesta desde Treball, órgano del PSUC, la campaña anticolectivista con el eslogan autojustificador: «Lo primero es ganar la guerra, que es la garantía de la revolución», mientras la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo sostenía que no había más garantía de la revolución que el pueblo en armas. Así y para una parte de su militancia, declaraba el PC no renunciar a la revolución, dándose, a la vez, argumentos para combatir, de hecho, los positivos logros revolucionarios obreros que ellos, los comunistas, presentaban como experiencias peligrosas. El primer paso fue, desde la connivencia catalanista y comunista de la Generalitat, proceder a promulgar un decreto del consejero de Orden Público, de 4 de marzo de 1937, por el que se disolvían las patrullas de control, o sea, por el que se desarmaba la defensa obrera revolucionaria de la retaguardia. En un segundo momento, y tras infinidad de actos liquidacionistas y anticonfederales, el catalanista Conseller de Seguridad, Ayguadé, y Eusebio Rodríguez Sala, miembro del PSUC y Comisario General de Orden Público de la Generalitat, extienden, unilateralmente y a espaldas del Gobierno de la misma, una orden de incautación de la Telefónica, contraviniendo el Decreto revolucionario de la propia Generalitat, de 26 de octubre de 1936, sobre Colectivización y Control Obrero de empresas, y lanzan contra ella a la fuerza pública dispuesta a la toma de la empresa. Los obreros, armados, como, programáticamente, estaban, repelen el ataque desde dentro. Así se inician los trágicos sucesos de mayo de 1937, como culminación del proceso contrarrevolucionario, iniciado bastante antes por la pareja Catalanismo / PSUC, pero, sobre todo, intensificado, progresivamente, desde el momento del acceso de los cuatro ministros confederales al gobierno de Largo Caballero, el 11 de noviembre de 1936. Tal proceso continuaría durante toda la guerra y mostró su punto culminante con la liquidación del Consejo de Aragón. Este Consejo, modelo de gestión directa desde el campo obrero en el orden político-social y económico, venía, de hecho, funcionando desde mediados de septiembre de 1936 y había sido oficial y legalmente reconocido por decreto de 17 de diciembre de 1936.
El gobierno comunistizante de Juan Negrín, que sustituyó desde el 17 de mayo al gobierno de Largo Caballero, promulga, el 10 de agosto de 1937, sólo tres meses después de los sucesos de mayo, la disolución del Consejo de Aragón, con lo que se entendía liquidar uno de los monumentos de organización revolucionaria promovida, fundamentalmente, desde el campo confederal. Como dato significativo de quién anda en el origen de la medida, el ministro de Defensa envía a Caspe la 11 División, comunista, mandada por Enrique Líster, secundada por la igualmente comunista 27 División (la "Carlos Marx") y por la 30 comandada igualmente por comunistas y nacionalistas catalanes, que procedieron a los actos represivos consecuentes para llevar a término la liquidación de los efectos del decreto de 17 de diciembre, por medio de incautaciones, prohibiciones, acciones de desarme, asesinatos, apresamientos, secuestros y toda la restante parafernalia represiva.

Los testigos que fueron actores.- Sobre la etiología profunda de toda esa serie de hechos contrarrevolucionarios, aparte de los informes del agente "C" de Negrín en París y del informe que la Comisión de Vigilancia de la CNT en esa misma capital presentó a Largo Caballero sobre la conspiración parisina, son de mayor elocuencia, porque arrancan del fondo de la cuestión, las declaraciones de protagonistas fundamentales del campo ruso en España, tenidos por "renegados" por el PC a causa de su abandono de la causa que los había traído al occidente europeo y más concretamente a España, abandono. Por otro lado, y huída que, con seguridad, no tienen poco que ver con el hecho de que Stalin había venido depurando y ejecutando, en su regreso a la URSS, a la práctica mayoría de los agentes que había desplazado a estas regiones.
Aparte de las clarificadoras declaraciones del que había sido ministro comunista con Largo Caballero y con Negrín, Jesús Hernández, en su obra, Yo, ministro de Stalin, y de las, aun más sustanciosas, que proporciona Orlov, enviado por Stalin como jefe en España de la GPU soviética y evadido más tarde del campo comunista, las más reveladoras las encontramos en las memorias del general W. G. Krivitski, jefe, entonces, de los servicios de información soviéticos para la Europa occidental. Estas memorias, tras el abandono de su cargo político por el autor, fueron publicadas en The Saturday Evening Post de Filadelfia, y, en París, con el título de Agent de Staline. Según él, Stalin vio en la guerra de España la ocasión de poner en práctica su acción internacional, así como de romper el aislamiento a que había estado sometido, y comenta que Stachevski, hombre de confianza de Stalin y a quien éste había confiado la operación-oro español, ya tenía escogido a Negrín como hombre clave para sustituir a Largo Caballero. Describe también Krivitski las depuraciones de trotskistas que Orlov estaba llevando a cabo, así como su labor de zapa para provocar una escisión en el campo antifascista, en detrimento, fundamentalmente, del área libertaria. Son palabras suyas: "Desde Moscú, donde se manejaban los asuntos internos de España, vi yo desarrollarse la crisis hasta llegar a su punto culminante... El solo obstáculo serio era Cataluña donde las fuerzas predominantes eran antiestalinistas y sostenedoras de Largo Caballero. Para dominar la situación, Stalin debía someter a Cataluña y derrocar a Caballero».Nos da este general también noticia de la entrevista del mariscal Tuchachevski con Stalin, en abril de 1937, donde le informa de las actividades de la GPU en España, y, junto a todo esto, da, también, detalles de cómo el general soviético Berzin tenía ya en su mano la dirección del ejército republicano, así como da cuenta de un informe de José Díaz, Secretario General, entonces, del PCE y muerto, posteriormente, en la URSS en oscuras circunstancias, describiendo la "demoledora" labor de zapa comunista entre socialistas y anarcosindicalistas....

Publicado originalmente el 20 de noviembre de 2005, en el Tomo XIII de la Colección La Guerra Civil española mes a mes.








II



LA "HUIDA" DE MADRID


En la noche del 6 al 7 de noviembre de 1936, estando ya a las puertas de Madrid las fuerzas del general Franco, que preveían la toma de la capital en los dos días siguientes, el gobierno de la República sale de estampida de la ciudad asediada dejando tras sí la orden de constitución inmediata de la Junta de Defensa a cargo del general Miaja. Si bien el gobierno justificó la salida y la forma en que lo hizo como una necesidad, otros, desde el campo libertario, lo interpretaron como una huída y como una traición.

Un Consejo de Ministros en una ciudad asediada.- A las cuatro de la tarde del día cinco de noviembre, comienza el Consejo de Ministros convocado de urgencia por Largo Caballero, un Consejo al que asisten por primera vez los cuatro ministros de la CNT, apenas a una semana de su nombramiento como tales. De entrada y tan sólo después de un análisis general de la situación, el Primer Ministro propone la salida del Gobierno de Madrid y su instalación en Valencia, y pide que su propuesta pase a una votación, que para ser válida habría de ser unánime. Los demás ministros, que seguramente sabían la cosa de antemano, dan, inmediatamente, su voto favorable. Sólo los ministros de la CNT razonan su voto en contra por la necesidad de consultar el tema con su Comité Nacional, y Largo Caballero suspende la sesión hasta nuevo aviso.
Durante la consulta de los ministros cenetistas con Horacio Prieto, Secretario General del Comité Nacional, éste les sigue recomendando la negativa hasta el límite, sin llegar a la crisis. Si ésta amenazara producirse, entonces, ceder, lo que significaba que el resultado no podía ser otro que ése, pues, dado que la condición de la votación era la unanimidad, la crisis era inevitable.
En el Consejo de Ministros del día siguiente, parece que Largo Caballero plantea la cuestión por lo derecho: “otra negativa es la crisis”, lo que arranca el sí de los cenetistas. aunque el texto de Juan García Oliver (El Eco de los Pasos, Ruedo Ibérico, París, pág. 11 y ss.), no lo plantea de esta forma, sino que expone que, ante la insistencia en la negativa de los otros tres ministros cenetistas, él pide un receso y un aparte en el que convence a sus compañeros de la necesidad o conveniencia de sumarse al sí de la votación, si bien mostrando ante el Consejo la opinión de que nunca habría debido elegirse ese momento para la marcha. Obran, pues, de ese modo los ministros confederales con la anuencia de Horacio Prieto, quien, seguramente con anterioridad, ya está en comunicación privada con Largo. La salida a Valencia es, pues, inmediata. Caballero deja instrucciones secretas para el general Miaja, quien, con el comandante Rojo, luego general, y con el general Pozas pasan a organizar de inmediato la Junta de Defensa de Madrid y la coordinación del sector Centro.
El relato que Eduardo de Guzmán, en el capítulo "La noche que salvó Madrid" de su libro Madrid Rojo y Negro, hace de aquellos angustiosos momentos vividos por el pueblo madrileño en el filo de la navaja de su aniquilación o supervivencia, supera con creces el goyesco y antinapoleónico 2 de Mayo. Su narración merece ser contada entre lo mejor de todos los relatos épicos que hayan sido en el marco de la veracidad histórica. No son muy frecuentes los ejemplos de pueblos ciudadanos que, con tanta unanimidad, entereza de decisión, ardor y coraje, hayan identificado el precio de su propia vida con el de la salvación de su madre-ciudad, a la que están convencidos de recién haber salvado de siglos de esclavitud y escarnio. Entre la angustia, el odio, la pasión y la furia, se levanta ahora, contra una amenazante España de oprobio, reforzada de soldadescas mercenarias y eurofascistas, el alma enfurecida de un pueblo hecha tendones, nervios, brazos y gritos por el sueño de su liberación milenaria. Aquel pueblo trabajador que, casi desnudo y a pecho limpio, había asaltado los cuarteles de La Montaña o de Campamento, contempla ahora cómo, tras la caída de Parla, Getafe o Fuenlabrada, los cañones enemigos alcanzan los barrios extremos de Madrid.
Es en este contexto, en el que el Gobierno, en secreto y como de tapadillo, decide, en los Consejos anteriormente relatados, abandonar Madrid, rumbo a Valencia. Todas las otras fuerzas políticas son unánimes en idear, fomentar y respetar ese secretismo respecto del pueblo empeñado y comprometido en la defensa. Hay, sin embargo, el peligro de que esa huída sea entendida por parte del elemento civil y las fuerzas populares como una traición y abandono de la causa del pueblo, con el resultado del descorazonamiento, la honda tristeza del engaño, el doloroso sentimiento de vacío, de soledad, de impotencia, y, lo que es más grave, la sensación profunda de la inutilidad de todo esfuerzo, aquello que, por su falta de finalidad, puede llevar cualquier acto heróico al extremo de la caricatura...

La reacción confederal.- El mundo libertario no podía dejar de ser consciente del hecho y de su alcance, del enorme peligro que el acto de la huída suponía para la resistencia de Madrid, y, por supuesto, no iba a asumir el papel de difundir entre el elemento civil y popular la realidad del hecho, con la carga de desmoralización que ello conllevaría, pero sí el de intentar hacer abortar la huída, a la vez que, por medio del Comité de Defensa de la CNT, con Eduardo Val y otros destacados cenetistas al frente, ponía de inmediato en acción a las fuerzas confederales que, sin atender al propio peligro, fueron capaces de detener y hacer retroceder al enemigo, desde los aledaños del Puente de Toledo hasta el Carabanchel Bajo, y de hacer de esa línea, como de la de Usera, Villaverde o la carretera de Extremadura, el frente fronterizo que el enemigo no habría de cruzar hasta el fin de la guerra.
Parece que el sujeto principal de la iniciativa de poner coto a la huída fue Cipriano Mera (ver su obra, Guerra, Exilio y Cárcel de un Anarcosindicalista, págs 73 ss.), que, en esos momentos, se encontraba formando parte, como delegado, de la columna de del Rosal entre Albarracín y Cuenca, cuando se le comunica que Eduardo Val y Feliciano Benito, con puestos el uno en Madrid y el otro en Tarancón, quieren hablar con él, según le adelanta Villanueva, confederal con mando en Tarancón, sobre los efectos de la huída del Gobierno. Refiere Mera que, aun antes de hablar con Val, decide impedir que nadie huya, salvo mujeres y niños, y que, en ningún caso, pase gente armada hacia Valencia. Esta decisión se la aconseja, igualmente, a Villanueva en Tarancón, a la vez que decide desplazarse a defender Madrid con mil voluntarios confederales de su columna.
En la entrevista, previa a esa marcha, que Mera tiene en Tarancón con Val y con Horacio Prieto, Val, que, ante los confederales, tenía un contrastado e indiscutible prestigio, confirma a Mera que la explosiva situación obliga a ceder y dejar paso libre hacia Valencia: "una vez más, vamos a ceder". Accede Mera a regañadientes, pero criticando dura y especialmente la salida también del Comité Nacional de la CNT.

Juicios entre confederales.- A la hora de enjuiciar, confederalmente, tanto la decisión de la "huída" como la de impedirla, entiendo que procede exponer, sucintamente, la actitud ante el hecho de cuatro destacados militantes, protagonistas, en uno u otro grado, del evento. Son ellos, García Oliver, Horacio Prieto, Eduardo Val y Cipriano Mera.
La posición de García Oliver, siempre personalista y con su tic de mal pensado, es ambigua y de algún modo contradictoria, pues, de un lado, dice que Largo Caballero tiene razón en proponer la salida, e incluso razona su justeza y que el Gobierno no tiene nada que hacer en la situación en la que está Madrid, pero que la decisión debió haberse tomado antes de la incorporación de los ministros de la CNT. Es decir, su deseo es, en realidad, que la responsabilidad de la participación de éstos en la huida recaiga sobre el Comité Nacional y su Secretario General o sobre el Comité de Defensa Confederal. Como mal pensado, entiende que la actitud de los militantes de Centro, radicalmente opuestos a la marcha del Gobierno, y a la del Comité Nacional de la CNT acompañándolo, se debe a su rabieta por no haber sido escogido para ministro ningún responsable de esa Regional, juicio malévolo, injusto y sin ningún fundamento.
La posición de Horacio Prieto, según lo prueban comportamientos suyos anteriores y posteriores a la "huida", es más claramente abandonista, pues, seguramente, él mismo fue pieza fundamental en la serie de decisiones reformistas de altura que, quieras que no, iniciaron los pasos "políticos" de la Organización en esa etapa, y, lo que es peor, que contribuyeron, posteriormente, a romper el equilibrio entre la acción posible y el principio anárquico.
Cipriano Mera, Eduardo de Guzmán y el propio García Oliver creyeron, entonces, que el acceso de los ministros de la CNT al Gobierno tan sólo una semana antes de la "huida" constituyó un gazapo tendido por los partidos gobernantes, para que esos ministros sirvieran, ante el pueblo, de tapadera y cobertura de la "huida", que los políticos preveían que sería acogida por la población civil y armada como traicionera y vergonzosa. Entiendo infantil creer que el intento de atraer a la CNT al gobierno fuera motivada específicamente para eso, ya que la operación política de esa entrada era de mucha mayor envergadura y calado, pero, desde luego, en aquel momento le vino muy bien al Gobierno que la CNT estuviera implicada en la escapada, y hasta es posible que se haya demorado esa salida hasta su incorporación... En todo ello, tuvo mucho que ver Horacio Prieto, a quien García Oliver califica de "cándido", antes de lanzar sobre él juicios más fuertes; y Mera lo califica, simplemente, de "débil", pero que, en la entrevista de Tarancón y después de afear la salida de Madrid del Comité Nacional, no haya querido darle la mano es significativo de un juicio tácito mucho más duro.
Eduardo Val parece haber sido, en aquellos momentos, el compañero más equilibrado y entero. Juzga la "huida" como altamente negativa, pero, a la vez, irremediable: “la resistencia a ella hasta las últimas consecuencias sería nefasta y el remedio sería peor que la enfermedad”.
Cipriano Mera entiende la defensa de Madrid como enormemente difícil pero posible y no desesperada, y teme, sobre todo, dos cosas: la salida de efectivos militares y la desmoralización del pueblo civil y armado con la consiguiente desbandada resultante. Sus actos contienen una determinada dosis de lógica militar y un mayor porcentaje de emotividad revolucionaria que supone coherencia y lealtad, así como los efectos psicológicos de la fe en lo que se hace.

Un juicio a posteriori.- Como juicio personal, entiendo que la racionalidad de la salida se sostiene dentro de los capítulos que contiene la decisión de convertir en guerra convencional lo que había sido una respuesta espontánea y revolucionaria del pueblo. Una vez aceptado esto, sobreviene, de forma natural, la necesidad de la división burocrática y jerarquizada de tareas, que exige la preservación del Gobierno y la afirmación de su autoridad suprema con todos los elementos de fuerza que ello conlleva. De ahí, la acentuación de la centralización, la militarización de la milicia y el control centralizado de la retaguardia. De ahí también, para el Gobierno, la necesidad de involucrar en el proyecto a la que había sido fuerza decisiva en la superación inicial del golpe militar.
La dificultad para esta estrategia, en aquel momento, es que, pese a que, en el bando libertario, reuniones discutiblemente orgánicas y claramente minoritarias hubieran, pragmáticamente, creído defender la revolución aceptando, forzadamente, la involucración en ese proceso, el comienzo del estallido todavía no está muy distante y las fuerzas revolucionarias están aún muy vivas, lo que comportaba, de hecho, una resistencia a los corolarios del proceso aceptado, poniendo en evidencia las flagrantes contradicciones en que incurrían gentes como Horacio Prieto y el propio García Oliver, y que dieron lugar, por parte de la Regional Centro, a la petición formal de la destitución del primero como Secretario General del Comité Nacional.
Sólo en la subjetividad de Largo Caballero era su gobierno un gobierno decididamente revolucionario. Si, en lo objetivo, de algún modo lo fue, sólo lo fue por comparación con los proyectos de otras fuerzas políticas del bando republicano, pero, estructuralmente, no podía serlo ni de lejos. De modo que, como pretendido gobierno revolucionario, sí es un acto de traición su huida del Madrid asediado. Ahora, como gobierno convencional que promueve una guerra convencional, su salida del peligro es perfectamente normal. Ahí radica toda la contradicción.
La actuación revolucionaria de los confederales de Centro deteniendo en Tarancón a generales y ministros, confederales o no, es perfectamente congruente con una lectura revolucionaria de la situación. El valiente parlamento que sostiene Cipriano Mera, como representante del mundo del trabajo, frente al republicano general Asensio, detenido en Tarancón, tiene una significación verdaderamente histórica. Y no puede, en ningún caso, dejar de ser considerado, en cuanto a la eficacia de esa actitud, que, si Madrid no cayó entonces en las manos fascistas, fue precisamente por la vigencia y el mantenimiento de ese espíritu revolucionario.


















Publicado, originariamente, en la colección de libros del diario El Mundo La Guerra Civil española mes a mes, tomo XVII, el 18 de diciembre de 2005.


III

I.-VICISITUDES DEL PROCESO DE COLECTIVIZACIÓN EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
II.- LA PERSECUCIÓN DEL POUM Y EL PROCESO A SUS DIRIGENTES.
I.- Vicisitudes del proceso de colectivización. Dentro del campo libertario y respecto a la guerra civil, al revés que en el sector franquista, no se conmemora el 18 sino el 19 de julio. El 18 es el aniversario del levantamiento fascista, el 19, el de la Revolución española. Verdaderamente, quien vence al alzamiento en los primeros días del levantamiento es la clase trabajadora que, ya con mucha antelación, venía reivindicando la Revolución social. De aquí que fueran los sindicatos Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Unión General de Trabajadores (UGT) los que dieran, inicialmente, la pauta en las transformaciones estructurales en el terreno económico, social y político-militar. Dentro de esta coyunda sindical, hay que poner de resalte la mayor incidencia de la CNT y el área libertaria por su superioridad numérica y mayor radicalidad revolucionaria, y porque la UGT, sin estarlo totalmente, estuvo más coartada en sus ideas y proyectos, según las regiones, por los partidos socialista y comunista. Es, igualmente, de poner de relieve que, desde los primeros meses de la guerra civil, en el campo republicano se vienen dando, por razones diferentes, una estrategia contrarrevolucionaria de reconstrucción del Estado, que, a favor del hecho de la guerra y de la forma de recibir ayuda para la misma, se va desarrollando in crescendo, desde la acción callada, en sordina y de finalidad tácita e indirecta hasta la abierta represión brutal y criminal contra elementos y estructuras revolucionarias. Con todo y a pesar de las restricciones, dificultades e impedimentos, no es menos de subrayar que el Estado y las fuerzas en él coincidentes no fueron capaces de aniquilar las transformaciones revolucionarias y que, como dice Marciano Cárdaba , solamente la victoria de Franco pudo poner fin al proceso revolucionario colectivista. Lo cual no podía ser de otro modo, como se probó en el hecho mismo del fin de la guerra, cuando el Movimiento Libertario, en trance de dominar el último golpe comunista-negrinista y haciendo para ello recuento de las fuerzas confederales, computa en su campo unos 300.000 hombres en armas repartidos por diferentes Cuerpos de Ejército .
El sistema de colectivización fue, en el plano económico, el hecho más memorable de la Revolución Española en el área republicana. Aunque es difícil, por la variabilidad de la línea del frente de guerra, establecer con exactitud la cantidad de tierras que entraron en ese régimen por medio de las incautaciones, puede decirse que alcanzó una tercera parte de todas las tierras y puesto que tal régimen se aplicó, principalmente, a las tierras laborables, puede concluirse que abarcó los casi dos tercios de las tierras cultivadas en la España republicana.
La mayor parte, con diferencia, de esas colectivizaciones fue de obra y gestión de la CNT, en menor número de la UGT, y una cantidad de ellas fue gestionada conjuntamente por CNT-UGT, pudiendo decirse que en estos casos, generalmente, la UGT aceptaba de buen grado las propuestas radicales de la CNT. Una diferencia cualitativa mayor se daba en el tratamiento de la pequeña propiedad y aparcería, pues mientras la UGT, por el peso de los partidos influyentes en ella (PSOE y PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, comunista) y dado que una buena cantidad de pequeños propietarios se habían afiliado a ella para librarse de las incautaciones, consentía y hasta favorecía, en casos, la producción individualista (aunque tampoco fueron pocos los casos en que sectores más radicalizados de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, de UGT, tuvieron dificultades y problemas con las campañas de los individualistas y les hicieron resistencia); en la CNT, en cambio, eran, entre otras, sobre todo razones de principio de oposición al concepto y al hecho de la propiedad productiva las que primaban. Así y todo, no se prohibió el trabajo individualista, siempre que se redujera a una extensión que no exigiera trabajo asalariado y siempre, también, que el campesino individual en cuestión llevara sus productos a la cooperativa en común de consumo, pues, de lo contrario, tal campesino no podía optar a los beneficios y ayudas solidarias que la colectividad pudiera dispensarle.
Un dato a resaltar y, por otra parte plenamente aceptado por historiadores de ámbito burgués, es la gran mejoría que la explotación agraria alcanzó bajo este régimen colectivista de producción, que llegó, en ocasiones, a sobrepasar el 80 y el 100 % de la producción anterior a la guerra, a pesar de todas las dificultades que de la propia guerra se derivaban.
En el caso de la industria, fue igualmente generalizada la incautación y la colectivización, salvo en los casos de intereses empresariales extranjeros, en los que, sin embargo, se imponía el control obrero, limitando el área de decisiones de los propietarios al campo de la percepción de beneficios y manejos monetarios, de los que, sin embargo, no podían disponer sin una previa autorización del Consejo económico de la propia industria, establecido y regido por el control obrero.
La transformación de las estructuras en modo revolucionario era, pues, un hecho consumado y de ello tenían que partir las fuerzas que pugnaban por la reconstitución del Estado burgués. Diríamos, así, que ambas fuerzas, revolucionarias y contrarrevolucionarias, aliadas por la guerra y contendientes entre sí por el mantenimiento o por la superación cualitativa del Estado, fueron, cada una por su lado, impotentes para llevar a término pleno sus particulares designios. Dióse, así, una permanente situación de tensión revolución /contrarrevolución, en la que la insoslayable relación política/economía habría de jugar el papel de eje de referencia en torno al cual se evidenciaba el sentido de unos y otros movimientos. Por un lado y desde el sector revolucionario, se creyó necesario adquirir posiciones firmes de control y fuerza en el campo de las decisiones políticas para asegurar la intangibilidad de las conquistas revolucionarias. Por otra parte, desde el sector político burgués se aprovechó, precisamente, esa debilidad del campo revolucionario para, a la vez que daban satisfacción legal a las propuestas radicales, ir dejando los resquicios legales (letra pequeña y ambigüedades) que les permitiera seguir socavando el régimen de colectivización. La iniciativa en esto arrancaba principalmente de los comunistas y del nacionalismo catalán. La estrategia comunista consistía en intentar reconvertir la colectivización en nacionalización para controlar la economía desde sus puestos de dominio central, y, junto a ello y con el fin de engrosar su militancia e influencia social, defender también la aparcería individualista y a los pequeños y medianos propietarios, en lo que coincidían con el nacionalismo catalán, muy necesitado éste de controlar el área de los rabassaires y de los propietarios agrupados en la Federació de Sindicats Agricoles .
El temprano decreto, de 7 de octubre de 1936, de Vicente Uribe (comunista) al frente del Ministerio de Agricultura durante toda la guerra ya refleja claramente esta intencionalidad, pues dejaba a muchos propietarios fuera de la incautación y alentaba a aparceros y cosecheros a la recuperación de sus tierras para crear inseguridad en el régimen de colectivización . Por otro lado y en la creencia de asegurar así sus conquistas revolucionarias, la CNT que, en Cataluña, había controlado el orden de cosas por medio del Comité de Milicias Antifascistas, decide entrar en la Generalitat el 26 de septiembre de 1936 y, un mes más tarde, el 24 de octubre, ésta promulga el Decreto de Colectivización de las Industrias y Comercios y Control de las Empresas particulares. Este Decreto, como contrapartida de la disolución del Comité de Milicias por la CNT, sucedida apenas unos días más tarde, representaba un documento extraordinariamente avanzado, pero el hecho de que, mes y medio después, la misma Generalitat legalizara la mencionada Federació de Sindicats Agricoles, de rabassaires y propietarios, muestra claramente cuál iba a ser la línea anticolectivista de actuación de las fuerzas nacionalistas.
El gobierno que sucede al de Largo Caballero, así como las fuerzas coincidentes en él, mantuvieron durante toda la guerra su intención centralizadora, pero, en lo económico, no lo iba a tener tan fácil como en lo político. Una economía montada sobre la colectivización, desde el 19 de julio, no podía de ningún modo desmontarse a base de decretos. En los primeros de marzo de 1937 , un decreto del Ministerio de Comercio (¡detentado entonces por el confederal Juan López, que demostraba así el tic reformista que, en el futuro postbélico, le caracterizaría!) decidía la incautación de todas las exportaciones al extranjero, lo que produjo un enorme malestar entre los colectivistas que procedieron, inmediatamente, a su desobediencia. El gobierno empleó entonces la violencia y sus fuerzas ocuparon el centro obrero de Vilanesa (Valencia), lo que dio lugar a que la Columna de Hierro, confederal, bajase del frente de Teruel y procediese, también violentamente, a la defensa de los colectivistas. No le era, pues, tan fácil al Gobierno proceder a la realización de ese tipo de decisiones. Los sucesos de mayo de Barcelona y el modo de su finalización habían supuesto un recrudecimiento represivo de la acción gubernamental sobre todas las transformaciones revolucionarias establecidas por la CNT y, entre ellas y principalmente, sobre las colectivizaciones, con el consiguiente malestar de aquellos que tenían la producción en sus manos. Por ello, con el temor de que de la creciente desconfianza y descontento de los colectivistas se pusiera en peligro la recolección de las cosechas, Vicente Uribe, el ya aludido Ministro comunista de Agricultura, de quien ya más arriba expusimos su posición pro-propietaria, emite a principios de junio de 1937 otro decreto, tranquilizador ahora para los colectivistas, que, a la vez, pretendía servir de tarjeta de recomendación a favor del IRA (Instituto de Reforma Agraria, dominado por los comunistas) y declaraba que “por el presente año agrícola” se mantenían legalizadas todas las formas de colectivización consumadas a partir del 19 de julio. Uribe, con tal restricción temporal, guardaba para sí la última carta de decisión. El hecho es que nunca, durante todo el conflicto, otorgó una condición permanente de legalidad a las colectividades , aunque, de hecho, tampoco pudo nunca eliminarlas.
Un ejemplo de la impotencia por ambas partes de llevar a término extremo sus designios lo muestra, claramente, el caso concreto del Consejo de Defensa de Aragón, constituido de hecho en septiembre de 1936 y legalizado el 17 de diciembre del mismo año. Que el aludido decreto de junio de Uribe había sido puramente “táctico” lo demuestran todas las publicaciones, mítines y propaganda de los comunistas que, desde el mes de julio y principios de agosto siguientes, tomaron como blanco predilecto de sus ataques y acciones de desprestigio al Consejo de Aragón, que, más tarde, se demostrarán como acciones preparatorias del ataque frontal. Este Consejo, que se desarrollaba en autonomía y que era un modelo de eficacia revolucionaria, era también tenido por obstáculo de primer orden a los intentos centralizadores del gobierno comunistizante de Negrín. Dada la gran seriedad que la empresa de su disolución suponía, se insistió, minuciosamente, en los preparativos de la misma: se la hace coincidir con la ofensiva de Belchite que iba a tener ocupadas y como punta de lanza a las Divisiones confederales 25, 26 y 28; se envía a la retaguardia aragonesa a la 11 División, mandada por Líster, “para descansar y reorganizarse” y se la hace acompañar de la 27 (la “Carlos Marx”, comunista) y de la 30, comandada igualmente por comunistas y nacionalistas catalanes; el diez de agosto se promulga el Decreto de Disolución del Consejo de Aragón, que se publica al día siguiente con el nombramiento de José Ignacio Mantecón como Gobernador General para Aragón a las órdenes directas del Gobierno Central. La excusa del decreto era “para ir concentrando la autoridad del Estado”. Se procedió por las Divisiones allí enviadas a toda clase de detenciones, asaltos y pillajes, así como a la devolución de las tierras a aparceros, arrendatarios y propietarios los cuales pasaron también a entrar a saco en el conjunto de las tierras y los bienes comunes. Pero, enseguida, los propios comunistas (vg. José Silva, Secretario General del Instituto de Reforma Agraria) reconocieron la gravedad de tal medida de disolución que había producido una tremenda desorganización del campo y, que, a la hora de producir la sementera, “una cuarta parte de la siembra no estaba preparada para recibirla” . Los comunistas tuvieron que modificar su política y consentir el proceso colectivizador, si bien detrayendo de él a aquel grupo de aparceros y propietarios que necesitaba para engrosar las filas de su campo y su área de influencia.
La Confederación Nacional del Trabajo celebra, del 6 al 11 de septiembre, un Pleno Regional de Sindicatos en Caspe, donde se va a exigir el respeto a las colectividades, y la devolución de sus bienes, así como el respeto a los Consejos Municipales. Se procede ahora a la reorganización de las Colectividades de forma que una comisión mixta de las mismas forme parte de todos los organismos de la CNT en sus diversos grados, regional, comarcal y local. El control se hace así, ahora, en el día a día desde los sindicatos, y se determina que, donde las colectividades sean conjuntamente de la CNT y de la UGT, los sindicatos observarán la misma acción de control que en los municipios y en las otras entidades oficiales
Procesos parecidos a los del campo se dieron igualmente en el área de la colectivización de la industria. Los movimientos de intentos de incautación por parte del gobierno comunistizante, así como desde la Generalitat y por parte de los funcionarios rusos como “asesores”, se suceden desde principios de 1938. Juan Comorera, máximo dirigente comunista del PSUC, como consejero de Economía de la Generalitat emite, el 19 de enero de 1938, un decreto “personal” de incautación de los espectáculos públicos, a lo que las bases confederales del ramo responden con una huelga general. Comorera tiene que contentarse con que se nombre un organismo de intervención de cuatro miembros, en el que un miembro sea el Subsecretario de Economía y los otros tres interventores fueran miembros de la CNT.
Algo parecido sucede en el campo de las Industrias de Guerra. Aunque en este terreno y en razón de la perentoriedad de la guerra los organismos oficiales podían creerse más asistidos de razón “para la centralización”, también aquí los procesos de incautación fueron muy lentos, y fueron obligados a producirse de manera igualmente lenta. La resistencia de los confederales de base fue muy grande y la FAI consideró los intentos de requisa como un atentado a las libertades y a los derechos del pueblo español. Primero, el Gobierno comenzó a controlar, salteadamente, algunas industrias en Valencia, luego, ante la resistencia, procedió el 11 de agosto de 1938 a promulgar un decreto de militarización de las Industrias de Guerra, como medida más coercitiva, y a desplazar a ellas “técnicos” de su confianza (miembros del PC) y a crear una extensa burocracia, con consecuencias lamentables. Se hicieron interminables reuniones de representantes confederales con el Subsecretario de Defensa, sumamente presionado por Comorera, el PSUC y los técnicos rusos. La resistencia de base fue grande e impidió que la incautación pudiera realizarse al completo. Los talleres de Madrid se niegan a la entrega, a menos que se constituya el Consejo Nacional de Industrias de Guerra con representación confederal; lo mismo sucede en Valencia. La UGT accede, a regañadientes, a la incautación, pero la CNT resiste. En el mes de diciembre de 1938 a menos de un mes de la caída de Cataluña en las manos de Franco, todavía la incautación es más un intento y un proceso que un hecho.

II.- La persecución del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista).
Era éste un partido creado en septiembre de 1935 para representar la izquierda revolucionaria del marxismo por la unificación del Bloc Obrer i Camperol, dirigido por Joaquín Maurín, y la Izquierda Comunista, cuyo elemento más conspicuo era Andreu Nin. Desde el comienzo de la revolución, este partido había secundado y acompañado las acciones revolucionarias de la CNT y el movimiento libertario. Creó pronto la 29 División, ocupada en el frente de Aragón y de cuya orientación nos hablará más tarde Eric Blair, alias George Orwell. Tuvo este partido, en origen, gran influencia dentro de la pequeña UGT catalana, en la que marcó un carácter claramente revolucionario, pero pronto encontró allí la fuerte oposición del PSUC, comunista, creado con posterioridad al 19 de julio, el cual, con la afiliación masiva de la pequeña burguesía propietaria acabaría desbancando al POUM de su influencia en esa central.
El órgano de expresión de esta formación era La Batalla y, en ella, el 28 de agosto de 1936, había escrito Nin un artículo contra las recientes ejecuciones estalinistas de Zinioniev y Kaménev que causó gran malestar en el bando comunista, aplicado ya abiertamente, desde entonces, a la persecución y eliminación de su antagonista en el campo marxista . El POUM, que había ingresado en la Generalitat el 27 de septiembre de 1936 a condición de que la CNT y la FAI formaran parte de la misma y de que su programa fuera socialista, el 12 de diciembre siguiente, es expulsado de ella, en la persona de Nin, por obra de la presión y exigencia del PSUC. Nin denuncia todas las conspiraciones contrarrevolucionarias que se venían realizando, y propone la creación de un frente revolucionario con la CNT y la FAI. Ya desde principios de 1937, el Mundo Obrero, órgano de expresión del Partido Comunista y el Ahora, órgano de expresión de la JSU (Juventud Socialista Unificada, comunista) se aplican a fondo contra el POUM, acusándolo de formar parte de la Quinta Columna. El 23 de febrero de 1937 la Radio POUM es incautada y el 23 de marzo La Batalla denuncia la política militar de Valencia.
Durante los sucesos de los primeros días de Mayo de 1937, el POUM interviene, como la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias (JJ.LL.), en las barricadas en defensa de las conquistas revolucionarias y en oposición a toda la conspiración contrarrevolucionaria. Julián Gómez Gorkin, del Comité Ejecutivo del POUM, reunido, en la noche del 3 al 4 de mayo, con los comités regionales de CNT, de FAI y JJ.LL. les plantea que la disyuntiva no deja lugar a dudas: “o revolución o contrarrevolución”. Y La Batalla del día siguiente insta a la inmediata organización de los Comités de Defensa de la Revolución. Entretanto, la 29 División, organizada y dirigida por el POUM, había bajado del frente a Binéfar y estaba en expectación.
Dado que acabar con la fuerza de la CNT y sus realizaciones era algo imposible para las fuerzas burocrático-burguesas y para los comunistas, con toda la URSS detrás, era claro que las víctimas propiciatorias de la resolución buscada para los sucesos de mayo iba a ser el POUM, que, por lo demás, ya estaba condenado de antemano por los designios comunistas. George Orwell, testigo de los hechos, vio con claridad que, dado que “era la parte más débil, era también la cabeza de turco ideal” , y Miguel Valdés, dirigente del PSUC, lo matiza de forma más precisa, cuando, el día 6 de mayo, dirigiéndose en El Noticiero Universal, a la CNT, la invita, “amigablemente”, a cesar el fuego diciendo que lo que hay que hacer es acabar con el “trotskismo criminal” culpable. Esta era la consigna, pero no era suficiente, pues nadie, ni siquiera ellos podían tomar a Trotski por un fascista contrarrevolucionario, a parte de que tampoco los elementos del POUM eran declaradamente trotskistas, de modo que la única forma de poder denigrarlos y hundirlos era ponerles en connivencia con el franquismo.
El día 13 de mayo, los comunistas, confabulados con republicanos y socialistas, exigen a Largo Caballero un viraje en redondo de política en guerra y en orden público, así como, taxativamente, la disolución del POUM, y, ante la negativa de Largo Caballero a disolverlo, abandonan la sala de reunión, en lo que son secundados por socialistas y republicanos. Creada la crisis, la propuesta de Largo Caballero para formar nuevo gobierno es rechazada por comunistas y socialistas. Es así como Azaña encarga a Negrín la formación de un nuevo gobierno que, constituido el 17 de mayo de 1937, habría de ser, hasta los últimos días de la guerra, de carácter comunistizante.
Este intervalo entre el 13 de mayo, en que se instala la crisis del gabinete de Largo Caballero, y el 17, en que se constituye el gobierno de Negrín, fue aprovechado, a uña de caballo, por los comunistas para proceder, por su cuenta, al desmantelamiento efectivo del POUM. El Comité Central del PC –según Jesús Hernández entonces ministro comunista y posteriormente ex-comunista- ordena al teniente coronel Ortega, militante comunista y Director General de Seguridad, que transmita al teniente coronel Burillo, también comunista y Jefe de Seguridad en Barcelona, que, bajo la acusación de espionaje pro-Franco, proceda a la incautación de la sede del POUM, a la que sigue la incautación de La Batalla y gran número de detenciones. Inmediatamente después de constituido el nuevo gobierno, la NKVD, servicio secreto de depuración ruso, con su cuartel general en Vedat, un pueblecito cercano a Valencia, y dirigido por el general Orlov, ordena tener a Zugazagoita (reciente ministro de Gobernación) en desconocimiento absoluto y al margen de todas las acciones anti-POUM que se venían realizando. Sólo el 22 de junio, un órgano comunista de la UGT catalana revela el golpe, presentándolo como la desvertebración de una red de espionaje con el “descubrimiento de documentos de extrema importancia”. Esta revelación ocurre ya con el nuevo gobierno de Negrín y, ya fuertes en él, los comunistas presionan para proveerse de todos los instrumentos de legalidad que recubran sus iniciativas particulares. Así, el 23 de junio se proclama ya por el Gobierno un decreto, no sancionado por el Parlamento, por el que se crean los Tribunales de Espionaje y Alta Traición y al que, para mayor escándalo, le dan carácter retroactivo. Asimismo se crea, el 15 de agosto de 1937, el SIM (Servicio de Investigación Militar) que, incrustado en todos los organismos directores del ejército y organizaciones, muy pronto se convertiría en instrumento político del PC, como apéndice de la GPU rusa. Este Servicio que, como secreto, disponía de carta blanca para intervenirlo todo, dispuso de los métodos más refinados de tortura, que no es que fueran nuevos, pero que ahora se usaban por organismos legalizados, y que, en manos de la Brigada Especial (la Sección número 13), causaron estragos en el campo antifascista antagonista de la política del PC.
Con anterioridad a estos hechos, Andreu Nin había desaparecido el 16 de junio, fecha de las citadas acciones de Burillo, y, por orden directa de Alexander Orlov, conducido a una casa particular que funcionaba como cárcel secreta en Alcalá de Henares, donde se le sometió –según testimonios de Jesús Hernández, Enrique Castro y Javier Jiménez, todos ex comunistas y testigos de unos u otros hechos- a las torturas más inhumanas imaginables, con el fin de forzarle a una declaración que pudieran utilizar con cierta verosimilitud, para justificar su aniquilación del POUM y sus miembros como agentes de Franco en el campo antifascista. Tal declaración no se produjo, el plan comunista se desmoronaba y el propio cuerpo de Nin se convertía en una prueba incriminatoria de primer orden contra ellos. Había que hacerlo desaparecer. Pero tampoco esto satisfacía los planes de la NKVD y del PC pues dejaba sin justificar la desaparición misma y, para proceder a esto y a cubrir la necesidad de conseguir la prueba de “connivencia con el enemigo”, se inventan la farsa más burda imaginable: escenifican un secuestro, narrado por los carceleros “maniatados”, según el cual 10 brigadistas internacionales “que hablaban alemán” se lo habrían llevado y habrán dejado allí una cartera con documentos muy importantes para la acusación y con una cantidad de marcos alemanes en billetes. Con esta farsa, cargaban el muerto a la GESTAPO y probaban la “connivencia” con el enemigo. Aparte de ésta, hay, sobre el modo concreto empleado para la desaparición, más de una versión. El hecho es que su cadáver nunca fue encontrado.
La mencionada orden concreta que el Comité Central del Partido Comunista transmite al teniente coronel Ortega para el teniente coronel Burillo incluía, junto a las incautaciones, la detención de Nin, Gorkin, Andrade, Gironella, Arquer y “cuantos fueran indicados por Ovseenko (cónsul general de la URSS) o por Stachevski (Encargado de Negocios)”. Nin corrió la suerte descrita más arriba y los otros fueron llevados a Valencia. El Comité Nacional de la CNT escribe, el 23 de junio, una carta acusatoria dirigida al Gobierno, a todas las fuerzas vivas, partidos y organizaciones, denunciando severamente los procedimientos policiales y judiciales empleados contra el POUM . El revuelo internacional por éstos fue grande. En agosto, una delegación extranjera (“Comité de París”) se entrevista con el Gobierno para investigar acusaciones contra los excesos del SIM y contra la persecución del POUM. La censura de prensa silencia gran cantidad de hechos en torno a los actos de persecución y del proceso. Incluso los miembros no comunistas del Gobierno carecieron, durante tiempo, de toda información oficial sobre tales hechos. Irujo, nacionalista vasco y ministro de Justicia, y Zugazagoitia, socialista moderado y ministro de la Gobernación, están ajenos de noticias que concernían directamente a sus ministerios. Todo se llevaba con un sigilo y una lentitud pasmosa probatorios por sí mismos del tiempo que se necesitaba para la fabricación de pruebas. Los detenidos el 16 de junio del Comité Ejecutivo del POUM no prestan declaración hasta el 13 de julio. El 30 de julio de 1937 y tras una conversación entre Negrín e Irujo, éste transmite al Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, y, a la vez, notifica a la prensa dos atestados con el procesamiento de 18 encartados, entre dirigentes del POUM y otros elementos falangistas, entre ellos el ingeniero Golfín, autor de un plano militar milimetrado de Madrid para Franco, que los comunistas utilizaron con una firma falsificada de Nín en el dorso para poder inculparle de espionaje en el juicio de octubre de 1938. Pero el “caso Nín” Irujo no lo comunica a la prensa hasta el 5 de agosto. Por otro lado, el informe fiscal incriminando al POUM y sus dirigentes no tiene lugar hasta el 11 de junio de 1938, cuatro meses antes del juicio, que inauguraría sus sesiones el 11 de octubre y las finalizaría el 22. A la prensa no se le consintió publicar información ninguna sobre el caso hasta el día 25 y la sentencia no tendría lugar hasta el día 29.
Los encausados de más peso eran Julián Gómez (Gorkin), Juan Andrade, José Escuder, Daniel Rebull, Pedro Bonet, Enrique Adroher (Gironella), Jorge Arquer y, “en rebeldía”, Andreu Nín, ya que su cuerpo no había aparecido. Respecto a la “implicación” de éste, hay que decir que Golfín, que se declaró autor del mapa milimetrado, juro, persistentemente, hasta su fusilamiento que en el dorso del plano que le habían cogido no había firma de ninguna clase.
El Ministerio Fiscal, representado por el Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, José Gomis Soler, comunista y promovido al cargo por su partido, había calificado, provisionalmente, los hechos de espionaje militar, que se contemplaba como delito de pena de muerte, pero, en sus conclusiones finales, insistió en la acusación de alta traición pidiendo penas de 30 años de cárcel, para Andrade, Gironella, Arquer, Bonet y Gorkin, como miembros del Comité Ejecutivo del POUM; 5 años de prisión para Daniel Rebull y absolución para Escuder.
Del conjunto de las testificaciones y forma de producirse todo, se transluce, claramente, que, si bien se corregían algunas arbitrariedades criminales manifiestas que se habían dado en los pasos anteriores del conjunto de la agresión social, política e individual al ente POUM, tales como, por ejemplo la disolución de la 29 División (del POUM) y el fusilamiento de sus mandos y otros elementos, el montaje de fondo y su acompañamiento seguían manteniendo todos los rasgos de las escenificaciones públicas de la GPU soviética: Un subsecretario del Ejército de Tierra dice que, en la 29 División, se repartía propaganda fascista y que se habían enviado esos documentos a Prieto como Ministro de Defensa (Prieto, por otro lado, había declarado que estaba convencido de que no había absolutamente ninguna relación entre el POUM y los facciosos) y añade que, en el Estado Mayor, algunos jefes militares recibían amenazas de muerte. Otro elemento, también del Ejército, afirma que la 29 tenía abandonado el frente; que sus fortificaciones eran inconsistentes, y que tenía un “pacto de no agresión” con los fascistas con los que “confraternizaban”. Mantenía que toda su actuación, la de la 29 División, fue favorable a Franco y Mussolini. Un comisario del XI Cuerpo de Ejército dice no saber nada de la 29 División, pero que le consta que había un “pacto de no agresión” con los rebeldes que se comunicaban con ella; que la 29 negó siempre su ayuda a otras Divisiones y que su propaganda era provocadora. Las testificaciones expuestas llevan en sí mismas la marca del origen y son perfectamente congruentes con todos los signos del montaje. En otros casos, individuos que habían sido objeto de trampas y maniobras de la policía y que bajo tortura habían sido obligados a declarar lo que no era verdad habían rectificado luego ante el juez su declaración y afirmaban no haber tenido nunca contactos con el POUM.
Federica Montseny declara que conoce muy bien los sucesos de mayo de Barcelona y que ni el POUM ni la CNT tenían culpa alguna en ellos. Que tales sucesos habían sido fraguados para desplazar del Poder a Largo Caballero y eliminar al proletariado de su influencia política. Pidió que no se condenara de ninguna manera a los inculpados que habían sido verdaderos luchadores en la causa antifascista. La declaración de Largo Caballero y los ex-ministros Galarza (Gobernación), Irujo (Justicia) y Zugazagoitia (también de Gobernación), fueron claramente favorables a la causa de los inculpados.
La pieza fundamental de la inculpación, el documento N o plano milimetrado con firma al dorso, fue declarado falso. La comparación de la, aparentemente, misma firma en tres versiones se demuestra ante dos peritos calígrafos como negativa de autenticidad.
En la sentencia, de 29 de octubre de 1938, se reconoce que no tuvieron ni tienen ninguna relación directa o indirecta con el área fascista y rebelde, y que, por lo contrario, disponen de “un grande y viejo antecedente antifascista” y fueron leales luchadores contra la insurrección militar. A pesar de ello, se los condenó, porque “había que condenarlos”, y se tomó como base su actuación en los sucesos de mayo, en los que, realmente, habían sido víctimas. Las condenas fueron de 15 años de cárcel para Pedro Bonet, Juan Andrade, Enrique Adroher (Gironella) y Julián Gómez (Gorkin); 11 años para Jorge Arquer, y absolución para Daniel Rebull y José Escuder. Asimismo, se disolvía, por delito de “asociación ilícita”, al Partido Obrero de Unificación Marxista y a su filial, la Juventud Comunista Ibérica.
El Gobierno de Negrín quedó moralmente muy tocado por el affaire en su conjunto, y el nombre del estalinismo y del Partido Comunista se precipitó ya por una pendiente de degradación política. Sin embargo, los comunistas, aunque no vieron cumplidos todos sus designios, si consiguieron librarse de un competidor, para ellos mortal en lo ideológico y político. Era lo que buscaban.
En Barcelona y con fecha de cinco de noviembre de 1938 se produce una carta, firmada por Largo Caballero, Federica Montseny, Juan Peiró, Luis Araquistáin, Lluis Companys y otras siete personalidades políticas más, pidiendo al Consejo de Ministros la revisión del proceso ante el hecho de que su conciencia no les permitía aprobar la sentencia.

Publicado originariamente el diecinueve de marzo de 2006 en el Tomo XXX de la Colección de El Mundo La Guerra Civil española mes a mes.

IV


LA LUCHA DE CNT Y EL MOVIMIENTO LIBERTARIO BAJO EL FRANQUISMO



Explicación previa.- Siendo la resistencia interior antifranquista una continuación de la guerra civil sostenida en escenarios y situaciones diferentes, no podía por menos de reflejar en sí misma los rasgos, tendencias y tensiones que, con las variaciones oportunas, se habían manifestado en aquélla. La colaboración de la CNT, como cabeza visible del Movimiento Libertario, con las instituciones republicanas concluye, en su forma activa, en mayo de 1937 con los sucesos de Mayo en Barcelona y en agosto del mismo año con la liquidación del Consejo de Aragón por la acción comunista dentro del Gobierno de Juan Negrín. Es sabido que esta colaboración, que, en su forma pasiva y en contencioso permanente con el Estado alcanza el final de la Guerra, había tenido, desde su inicio, hondas repercusiones en el seno del Movimiento Libertario en su conjunto, traducidas en bandos favorables, unos, a la colaboración política, reticentes, otros, a la misma y radicalmente contrarios a ella, otros más.
Como había sucedido durante la guerra misma, el imperativo superior de enfrentarse e imponerse al enemigo común fue determinante en el mantenimiento de la unidad de acción, que, aun debilitada por las naturales disidencias originadas en las causas dichas, fue respetada en términos generales, aunque, en la medida en que una de las tácticas se iba manifestando no sólo ya abiertamente transgresora de los principios, sino ineficaz e inconveniente respecto de los efectos de la lucha misma, fueron emergiendo, simultánea o sucesivamente, otras líneas, que, dentro del anarquismo, entendieron corregir las transgresiones doctrinales y tácticas que había hecho prevalecer una de las corrientes. Por otro lado, las dificultades mismas, que imponían la clandestinidad, el aislamiento y la imposibilidad de comunicación abierta y transporte, fueron causa de tergiversaciones, malentendidos, adhesiones o rechazos no coherentes que contribuyeron a alimentar un clima de confusión que a unos beneficiaba y a otros perjudicaba; un clima de confusión multiplicado por el propio Estado fascista para servirse de unos frente a otros y terminar destruyendo a aquellos de los que se había servido.
La acción antifranquista del Movimiento Libertario se desenvolvió en frentes diversos: 1) la acción militar de carácter guerrillero, manifestada en toda la nación y en diferentes grados; 2) los sindicatos clandestinos, como estructuras de difusión del movimiento obrero y de lucha activa contra el Régimen; 3) actividad política de carácter aliancista tendente a liquidar el franquismo y promover el régimen de sustitución; 4) actividad propagandística con repercusión en las dos actividades anteriores (sus instrumentos regulares fueron, aparte de los ocasionalmente propios, el CNT, como órgano de la Confederación, la Solidaridad Obrera, órgano de la CNT catalana (más irregularmente aparecieron otros órganos regionales), el Tierra y Libertad, órgano de la FAI y el Ruta, órgano de las Juventudes Libertarias; 5) actividad específica del anarquismo por parte de los instrumentos de Defensa del Movimiento Libertario que aglutinaban a CNT, FAI, FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias) y, en menor grado, a Mujeres Libres; 6) actividad armada con voluntad de autonomía, por mor de verse libres de las cortapisas del sector colaboracionista: el MIR (Movimiento Ibérico de Resistencia), sustituido luego por el MLR (Movimiento Libertario de Resistencia): estas dos formas se llevaron a cabo por un sector de las Juventudes Libertarias que tuvieron el apoyo, abierto o tácito, del otro sector que formaba parte de las estructuras de Defensa del Movimiento Libertario (Parece muy verosímil que una manifestación posterior de esta tendencia haya sido el MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) al que pertenecía Salvador Puig Antich); 7) actividades guerrilleras de carácter urbano.
Como afirmación general respecto de todo ese conjunto, puede establecerse, sin ambages, que, considerado el antifranquismo en su totalidad y sin desmerecer en nada todas las aportaciones que se hicieron desde otros campos, el Movimiento Libertario, en sus variadas formas, fue el sector que más se implicó en esa tarea, el que, hasta finales de los años cincuenta, más hizo sentir sus efectos en las líneas franquistas y, de consiguiente, el que sobrellevó el mayor coste humano en muertos, penas de cárcel, torturas y persecución. La CNT ha sido, con anterioridad a la guerra y en la guerra misma, la formación más numerosa y de una operatividad más radical y efectiva en la lucha social. Se comprende, pues, que el sanguinario y refinado coronel Eymar, en el momento de ser nombrado, en el inicio del período franquista, juez del Tribunal de Espionaje, Comunismo, Bandidaje y Terrorismo, inaugurara su inhumana gestión con su lapidaria frase: “¡Acabaremos con la CNT!”.

Disidencia Confederal.- En el Exilio, una buena parte del medio millón de exiliados, militaba en el campo libertario, el cual procedió, de inmediato, a su reorganización dotándose de un organismo conjunto (CNT, FAI, FIJL): el Consejo General del Movimiento Libertario. En él, estaban contenidas las tendencias anteriormente descritas, con predominio de los que, tras el análisis de todo el proceso de la guerra, habían hecho autocrítica y reconocido que la etapa de la colaboración política había sido, en considerable grado, negativa no sólo para la CNT y el Movimiento Libertario, sino también para la causa conjunta frente al franquismo.
Los colaboracionistas en el Exilio, conscientes de su carácter minoritario (menos del 25% de la Organización) decidieron, ya de principio, tomar la delantera en ganar posiciones en el interior de España y, beneficiando de esta ventaja, crear aquí un bastión colaboracionista que mantuvo tensión permanente con el grupo mayoritario del exterior, donde las cabezas más visibles eran Germinal Esgleas y Federica Montseny, los cuales, haciendo gala de fidelidad a los principios y estatutos de la Organización, defendían la posición de no-colaboración política.
Los partidarios interiores de la colaboración, inspirados por los exteriores de su mismo bando, culminaron en octubre de 1944, junto con socialistas y republicanos, el pacto que fue la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), considerada, en el Pleno de Carabaña de julio de 1945, como la base programática y punto de partida para la conquista de la democracia y como órgano único de la Resistencia, así como gobierno del futuro democrático de la nación. Esta práctica colaboracionista se continuaría con la aceptación del ingreso en el primer gobierno republicano en el exilio presidido por José Giral, donde, en representación de esa tendencia, ocuparían cartera Horacio Prieto y José E. Leiva, noveno Secretario General del Comité Nacional del interior.
En el Congreso de Federaciones Locales de París, en mayo de 1945, el sector mayoritario de la CNT, siguiendo su línea de no-colaboración, rechaza reconocer tal representación, quedando así ya formalmente explícita la escisión, anteriormente larvada, entre colaboracionistas y la gran mayoría de la CNT del Exilio, que, a partir de entonces, funcionará como Comité Nacional de la CNT en el Exilio. La minoría colaboracionista escindida se calificó entonces a sí misma de Subcomité Nacional, y, a ese título, tuvo relaciones con el Interior. La mencionada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas había quedado relegada con la nueva etapa Giral, y, cuando éste dio cabida en su seno a los comunistas, se produjo una retirada por parte de los aliancistas y se jugó la carta monárquica, quedando, al fin, ambos pasos en agua de borrajas, no sin antes haber causado grandes estragos en las disidencias interiores entre libertarios. Todavía, y con su consabida prehistoria, habrá, ya en los sesenta, otro paso en falso más, y mucho más grave, del colaboracionismo, ahora capitaneado por el ex-ministro cenetista Juan López y concretado en el Pacto de los Cinco Puntos (cincopuntistas) con José Solís y otros jerifaltes de la CNS, la central sindical franquista.

Acción resistente.- Los cenetistas que habían permanecido en el campo franquista, en medio de la represión y en una clandestinidad extremadamente difícil, mantuvieron contactos y estructuras y procedieron a acciones sobre todo de carácter defensivo. La guerrilla libertaria “Hijos de la Noche”, desde el campo republicano, tomaba esporádicos contactos con esos grupos para la realización de acciones determinadas.
La actividad resistente interna de la CNT hacia la coordinación general arranca del propio campo de concentración de Albatera, donde Esteban Pallarols, evadido del campo y con el seudónimo de José Riera, llega a ser Secretario del primer Comité Nacional de la CNT interior, desde marzo de 1939. Este Secretario fue preso en febrero de 1940 y fusilado en Barcelona, en el Campo de la Bota, en julio de 1943. Las tareas resistentes de esta etapa fueron: reorganización de los sindicatos (en lo que ya se conecta con Norte, Centro, Aragón, Levante y Cataluña), atentado contra un Comisario jefe de policía de Hospitalet, obtención de fondos con expropiaciones bancarias, busca de y enfrentamiento con sabuesos, salvamento de compañeros… En marzo y en septiembre de 1940, se producen detenciones masivas con ejecuciones inmediatas.
Mientras se organiza en Valencia la CRA (Comisión de Relaciones Anarquistas), luego convertida en Comité Nacional, el Consejo General del Movimiento Libertario controla y sigue todos los avatares del interior. Desde Nimes, el Secretario de Defensa del Movimiento Libertario conecta con Francisco Ponzán, destacado guerrillero en la resistencia francesa, para fortalecer la guerrilla en Aragón. Se constituye el primer Comité Regional de la FIJL en Cataluña y la Federación Local de la CNT en Barcelona. En la Modelo de esta ciudad, se retiene, entonces y en distintos regímenes, a cerca de veinte mil presos, la mayor parte de ellos de la CNT. En 1943, funcionan ya de forma organizada, interconectados, diez sindicatos de la CNT que cotizan directamente a la Organización y disponen ya de los primeros carnets. El coste es de ocho jóvenes libertarios fusilados en el mes de marzo. A principios de 1944, se empieza a editar Solidaridad Obrera. La acción subversiva armada de 1941 a 1943 es la que marcan las Juventudes Libertarias, y, en agosto de 1944, se da un conflicto entre CNT y Juventudes por la necesidad de separar, frente a la represión, la acción subversiva armada de la organizativa y acción sindical. Fue así como nació el MIR (Movimiento Ibérico de Resistencia).
Las acciones huelguísticas y plantes promovidos por la CNT durante el franquismo forman una larga serie: 1940, en el sector textil de Barcelona y Mataró; 1941, en Maestranza de Ingenieros de Cádiz; 1944, en Papel Bambú de Alcoy; 1945, en Macosa, también llamada Devis, de Valencia; en textil, metal y químicas de Barcelona, con extensión a Sabadell, Manresa y Tarrasa; 1946, huelga general en Manresa, donde los obreros ocupan Fábrica Nova; se extiende a Barcelona en Maquinista Terrestre y Marítima, Gas y Electricidad y Espectáculos públicos, a Altos Hornos de Hospitalet y a plantes en Mataró y Sabadell.
Estas acciones se contagian luego, en mayor o menor número, al resto de España: a Sanitarios de Valencia, Alicante, Alcoy, Chiva, Almoradi, a campesinos de la región que se niegan a entregar sus cosechas a la Fiscalía de Tasas; a Hispano Aviación y RENFE de Sevilla, a la Bazán de El Ferrol (CNT-UGT), a loza y cristal (Álvarez) de Vigo; a País Vasco, parcial en 1945 y general en 1946; a Construcciones Aeronáuticas de Getafe (enero de 1946), a Manufacturas Metálicas de Madrid, donde se rechaza la mediación de la CNS franquista y se acepta como mediador único al Comité de enlace CNT-UGT.

Efectos de la disidencia en la lucha armada.- El Pleno de Federaciones Locales de París había tomado entonces la decisión de atentar contra Franco, por considerar que, desaparecido él, el Régimen se derrumbaría. Llega, así, una delegación del exterior para formar parte de la Comisión de Defensa. La guía Francisco Sabaté, el “Quico”, que, junto con Jaime Parés, el “Abisinio”, echarían las bases o incrementarían la guerrilla urbana. Una primera acción suya es de carácter expropiador en un banco de Hospitalet, así como un rescate armado de manos de la Guardia Civil de tres compañeros presos que eran trasladados de cárcel, lo que motivó una redada posterior, en la que caen los delegados venidos para la Comisión de Defensa, llevada a cabo por la Brigada Político-Social y la Segunda Bis, que acentúan su feroz represión sobre Barcelona, donde se apoderan de las instalaciones de Solidaridad Obrera, y sobre Madrid, donde cae Broto, undécimo Secretario del Comité Nacional, adelantándose, así, a la huelga nacional que se preparaba en 1946.
Por estas fechas, el número de cotizantes a la Federación Local de Barcelona es de veinte mil. la Soli reaparece en el mes de marzo y se reorganizan las Juventudes Libertarias con José Luis Facerías como Secretario de Defensa. Por este tiempo también, los guerrilleros de Asturias, León y Galicia tienen un Pleno en Monforte y solicitan la presencia de un miembro de la Alianza. A las acciones de estos guerrilleros se sumaban las de los de Levante, Ciudad Real, Extremadura y los que, en Andalucía, se movían por los montes de Granada y Málaga y por la Serranía de Ronda. “Casi todos ellos fueron exterminados”, dice en un informe, Juan Manuel Molina (“Juanel”), Secretario, entonces, de Defensa del Comité Nacional. Sistemáticamente, el que de ellos caía preso era pasado por las armas, la mayor parte de las veces in situ.

En 1946, los dirigentes de la colaboración estaban sumamente embebidos en ésta, pero la base obrera confederal y libertaria estaba mucho más allá que ellos, en multitud de huelgas y acciones por toda Cataluña, no sólo reivindicando mejoras salariales y laborales, sino también haciendo ostentación de rechazo al Régimen y a la central sindical franquista. El Comité Nacional, interior, para hacer creíble, en el campo diplomático, su dominio de la situación, trata de frenar las acciones de subversión y de ralentizar o anular las acciones obreras de base. Simultáneamente, caen 39 militantes de Juventudes y de CNT y el Comité Regional de la FAI con la imprenta de Tierra y Libertad. Por esta época, había ya, en Barcelona, sesenta mil afiliados y se distribuían treinta mil Solis. Se apartó a la gente partidaria de constituir el Partido Laborista, las Juventudes se extienden por el Centro y el MIR es sustituído por el MLR (Movimiento de Resistencia Libertaria) que no es reconocido como autónomo por el Movimiento Libertario. En un comunicado a las Regionales, el Comité Nacional, interior, informa de que, de diciembre de 1946 a marzo de 1947, habían caído prisioneros más de mil doscientos compañeros, los Comités provinciales de diez provincias y algún Comité regional, lo que no había impedido que, en el nº 24 del CNT, ese mismo Comité Nacional hiciera una pública declaración de profundo compromiso político, con el consiguiente desasosiego en la militancia de base que insiste en la lucha directa, de la que es buena prueba la huelga general de País Vasco (1-8 de mayo de 1947), organizada por el Comité de enlace CNT-UGT-STV y seguida unánimemente por toda la población.
En noviembre de 1947, cae de nuevo el Comité Nacional, junto con la imprenta y los archivos, así como gran parte de los convocados a un Pleno Nacional de Regionales. La policía dispara a mansalva por las calles. El Comité Nacional en el exilio estudia la respuesta a esta feroz represión con un atentado aéreo contra Franco, que fracasa, en San Sebastián.

Ensañamiento represivo.- El año 1948 fue también un año especialmente sangriento y destructivo sobre las personas y estructuras del Movimiento Libertario, y la misma tónica se continúa en 1949. Los sindicatos empiezan a funcionar sólo simbólicamente. Quico Sabaté y el grupo los Maños intentan la liquidación del represor fundamental en Cataluña, el Comisario Jefe de la Brigada Político-Social, Eduardo Quintela. Los Maños serán liquidados en la década de los cincuenta y, en la década siguiente, es muerto Francisco Sabaté, el “Quico”. José Luis Facerías había sustituido a los Maños, pero la Policía dispara ya a bocajarro, sin preguntar, y, en las comisarías y cuartelillos, se ensayan ahora nuevos métodos de tortura: la careta, el latón y el avión. El ciclón represivo va dejando exhausta a la CNT y al Movimiento Libertario. Desde el primer Comité Nacional de Pallarols hasta la primera caída de Cipriano Damiano en 1953, han sido eliminados diecinueve Comités Nacionales.

En 1960, en el Congreso de Lyon, se reunifican las dos tendencias de la CNT escindidas desde 1945. Es, realmente, una reunificación pro forma. Juntos, emprenden la ASE (Alianza Sindical Española) con UGT y los solidarios vascos, STV, que tampoco será de gran eficacia en los años sesenta. Con las fuerzas muy disminuidas y las estructuras casi liquidadas, se llega al período en el que, por razones económicas y de política internacional, el Régimen va siendo más vulnerable. Es también el período, en el que la masa obrera, no organizada, va teniendo más disposición a la lucha. A pesar, no obstante, de las terribles heridas infligidas por la sanguinaria policía del Régimen - que todavía se ceba en las ejecuciones por garrote vil, en los años sesenta y setenta, en las personas de Granado y Delgado, y de Puig Antich -, la CNT y el Movimiento Libertario siguen en la primera fila de la lucha. Así lo reconocerá, contra viento y marea, el pueblo, en los albores de la llamada transición, año 1977, con su masiva presencia en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (marzo), donde la CNT concentra a más de 30.000 personas, en la plaza de toros de Valencia (julio), en la que reúne a 45.000 y, en el acceso explanado de Montjuich (también julio), donde , según la policía municipal, 300.000 personas escucharon enardecidas el mitin de José Peirats y Federica Montseny.













Publicado, originariamente, en la colección de libros de El Mundo, El franquismo, año a año,
Tomo XVII, el 31 de diciembre de 2006.

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